La fiscal de Puebla, Idamis Pastor, es una mujer integra, de probada capacidad y de una sola pieza, sin embargo su equipo más cercano de colaboradores la están poniendo en una situación nada cómoda y bastante complicada
Historias de un joven reportero
Por: Gerardo Ruiz / @GerardoRuizInc
Muy mal si lo sabía y lo permitió; peor si lo desconocía y actuaron a sus espaldas.
En tremenda brete está metida la Fiscalía General de Puebla tras revelarse una supuesta red de extorsión que encabezaban tres funcionarios de alto nivel de esta dependencia que llegaron este mismo año del Estado de México.
El culebrón, que fue destapado la semana en diferentes espacios, parece que es apenas la punta de un inmenso iceberg de corrupción.
La fiscal de Puebla, Idamis Pastor, es una mujer integra, de probada capacidad y de una sola pieza, sin embargo su equipo más cercano de colaboradores la están poniendo en una situación nada cómoda y bastante complicada.
Pastor Betancourt, quien llegó a la FGE tras un destacado paso por el Tribunal Electoral del Estado, emprendió desde el primer día de su gestión una limpia de todas las áreas de la procuraduría de justicia de la entidad, además de una política de cero corrupción a todos los niveles.
¿Qué falló en esta estrategia?
De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019, el 74.2 por ciento de los poblanos también consideran corruptos a los Ministerios Públicos y Procuradurías Estatales, esta es la segunda corporación con más desconfianza por parte de los ciudadanos solo por debajo de la Dirección de Tránsito y sus agentes viales, que registraron un 76.6 por ciento de desconfianza.
Esta encuesta en su apartado de percepción de corrupción por parte de las autoridades también destaca que el 71.1 por ciento de los jueces recurren a prácticas irregulares.
Es decir, todo el sistema de procuración, administración e impartición de justicia en Puebla está viciado y podrido.
Es por esto que no es una sorpresa, aunque sí preocupa y mucho, el escándalo de la red de extorsión en contra de una veintena de políticos y empresarios que provocaron las renuncias y futuros proceso penales en contra de Miguel Islas, titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; y su coordinador Jorge Malváez; así como el titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia, Luis Antonio León Delgadillo.
Todos ellos desembarcados del Estado de México.
Otro que podría seguir la misma suerte de esta tríada ignominiosa es Oswaldo Jiménez, fiscal de Investigación Metropolitana en Puebla.
Sobre Jiménez Juárez pesa una denuncia por el delito de tortura en contra de Brenda Quevedo Cruz, imputada por el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace, para obtener una declaración inculpatoria.
Ver: No son 22, sino más de 200 los exfuncionarios de Puebla que están bajo investigación
En el libro “Fabricación”, escrito por el periodista Ricardo Raphael, detalla que Brenda Quevedo Cruz acusó al hoy fiscal de Investigación Metropolitana en Puebla de intentarla asfixiar con una bolsa de plástico. También indicó que amenazó con inyectarle sangre contaminada de Sida y que la golpeó cuando se encontraba en el piso durante el caso de Hugo Alberto Wallace.
Insisto, la posición actual de la FGE y de Idamis Pastor no es para nada sencillo.
La reestructuración de esta dependencia, así como su limpia es una tarea titánica en la que Pastor Betancourt no debe escatimar esfuerzos ni desfallecer.
De esto depende mucho de la estrategia que el gobernador Alejandro Armenta ha emprendido desde el Ejecutivo local para erradicar todas las prácticas corruptas en el servicio público.
Idamis Pastor está caminando en una delgada cornisa que la puede hacer caer.
Pero, si la fiscal logra sortear este obstáculo con pasos firmes y seguros es un hecho que algo cambiará –para bien– en la FGE.
Un cambio que se necesita y no se debe postergar.
