La expresidenta municipal de Izúcar de Matamoros, Irene Olea, está cerca de ser vinculada a proceso por su presunta participación en actos de tortura cometidos contra las periodistas Michelle y Natali López, quienes fueron detenidas arbitrariamente durante una cobertura del 8M en marzo de 2023.
Durante una audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó 49 pruebas en su contra, que incluyen alteración de documentos oficiales, manipulación de fechas y un cateo a la Secretaría de Seguridad de Izúcar, donde se hallaron elementos que comprometen directamente a la entonces alcaldesa.
Al salir de la audiencia, Michelle López declaró que la FGR pidió la vinculación a proceso por la alteración de los documentos oficiales.
“Después de casi cuatro horas, la FGR solicitó la vinculación a proceso. Se presentaron pruebas suficientes. Esperamos que la justicia avance”.
Añadió que el juez impuso como medida cautelar que Irene Olea no se acerque a las víctimas ni a los testigos del caso, y exigió garantías para su seguridad y la de su entorno.
La defensa de Irene Olea solicitó el plazo máximo de seis días para responder a las acusaciones y presentar pruebas a su favor.
La FGR acreditó que ambas periodistas fueron víctimas de tortura por parte de elementos municipales tras ser detenidas, incomunicadas, golpeadas y agredidas sexualmente mientras documentaban una protesta feminista del colectivo Marea Púrpura.
