Dos años después de los hechos, la exalcaldesa de Izúcar de Matamoros, Irene Olea Torres, será imputada por presuntamente encubrir actos de tortura cometidos por policías municipales contra las periodistas Michelle y Natali López, durante la cobertura de la marcha del 8M en 2023.
A través de sus redes sociales, Michelle López informó que la audiencia está programada para el lunes 9 de junio, y que los delitos por los que será imputada la exedil son falsificación de documentos y declaraciones falsas ante una autoridad, con el fin de ocultar los abusos cometidos por los elementos bajo su mando.
“Después de casi 27 meses, mi agresora intelectual es llamada ante la justicia”, escribió Michelle en su cuenta de X.
No obstante, también denunció irregularidades en el proceso previo a la audiencia, pues la Casa de Justicia de Izúcar no ha cumplido con la notificación oficial a Irene Orea, a pesar de que existe la orden de entregarla directamente en su domicilio desde hace una semana.
“¿De verdad se están comprando problemas gratis o con grandes cantidades monetarias le hacen el favor a la expresidenta de retrasar todo?”, cuestionó en su publicación.
Actualmente, Natali López ocupa el cargo de directora del Sistema de Información y Comunicación del Estado de Puebla (Sicom), nombrada por el gobernador Alejandro Armenta Mier.
El caso de tortura contra Michelle y Natali López
Los hechos por los que será imputada la exalcaldesa ocurrieron entre el 10 y 11 de marzo de 2023, luego de la marcha del Día Internacional de la Mujer en Izúcar de Matamoros.
Michelle y Natali, entonces periodistas independientes, fueron detenidas por policías municipales mientras documentaban las acciones del colectivo Marea Púrpura. Cerca de 20 elementos les bloquearon el paso y las trasladaron a una subcomandancia, donde permanecieron incomunicadas durante más de seis horas.
Durante su retención, denunciaron haber sido amenazadas, golpeadas, agredidas sexualmente y obligadas a desnudarse y hacer sentadillas, en lo que calificaron como un acto de tortura.
El caso fue retomado por la Fiscalía General de la República (FGR), la cual confirmó que ambas periodistas fueron víctimas de tortura. En mayo pasado, seis funcionarios municipales, incluidos cinco policías y un juez calificador, fueron vinculados a proceso por abuso de autoridad y tortura.
Ver: Periodista denuncia tortura y violencia sexual por orden de alcaldesa de Izúcar de Matamoros
