El Gobierno de Puebla intensificó su defensa de la recién aprobada Ley de Ciberasedio, al presentar una queja ante un tribunal federal para dejar sin efecto la suspensión provisional que protege a un ciudadano que impugnó la reforma por considerar que pone en riesgo la libertad de expresión.
La impugnación fue promovida por la Consejería Jurídica del estado el pasado 4 de julio, tras la decisión del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal de Puebla que concedió una suspensión a favor del académico y escritor Roberto Celaya Figueroa, quien interpuso un juicio de amparo contra el artículo 480 del Código Penal local.
El artículo impugnado establece penas de hasta tres años de prisión para quienes, mediante redes sociales o medios digitales, insulten, ofendan o agredan de forma reiterada a otra persona hasta provocarle daño físico o emocional.
El promovente del amparo argumentó que la reforma amenaza de forma directa su derecho a expresarse libremente, tanto en el ámbito personal como profesional.
Por ello, el 1 de julio obtuvo la suspensión provisional que, por ahora, impide su posible detención o proceso judicial mientras se resuelve el fondo de su demanda, registrada bajo el expediente 604/2025.
Al impugnar la suspensión, la administración estatal busca que el tribunal federal restablezca la vigencia total del artículo 480, argumentando que se trata de una herramienta necesaria para frenar el acoso digital y proteger a las víctimas de violencia en línea.
Mientras tanto, en el Congreso de Puebla se analiza la posibilidad de realizar ajustes a la redacción de la reforma, luego de las críticas vertidas por diversos sectores que advierten sobre el riesgo de criminalizar opiniones o expresiones legítimas en redes sociales.
Ver: PAN presenta acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Ciberasedio en Puebla ante la SCJN
