La ambigüedad en la redacción de la reforma al Código Penal del estado fue la chispa que provocó todo el incendio mediático y en redes nacionales a nivel nacional para mentir sobre un supuesto atentado contra la Libertad de Expresión
Historia de un joven reportero
Por: Gerardo Ruiz / @GerardoRuizInc
Hay que decir las cosas como son: las “benditas redes sociales” (AMLO dixit) lograron que se corrigiera la ambigüedad –más nunca censura ni atentado contra la libre expresión ni mucho menos persecución política– del artículo 480 del Código Penal del estado de Puebla que agregó el párrafo referente al ciberasedio, que tanta polémica causó a nivel nacional por su falta de precisión y por la falta de aseo en el proceso legislativo al seno del Congreso local en su discusión y aprobación el pasado 13 de junio.
Tras dos semanas en la que la entidad poblana estuvo en el ojo del huracán (justo en la larga temporada de huracanes en México) por las muchas mentiras y poca verdades que se dijeron en torno a la Ley de Ciberseguidad poblana, tal parece que este mismo jueves, luego de celebrarse apneas dos foros ciudadanos y muchas expresiones en contra de organismos internacionales de derechos humamos y del periodismo, los diputados locales reformar el citado artículo del Código Penal para mitigar la ola de críticas innecesarias que su vaguedad generó.
Como se mencionó en este mismo espacio, Ley de Ciberseguidad de Puebla no estaba tallada en piedra ni muchos menos. Siempre fue y será perfectible.
Porque el artículo 480 del Código Penal del estado, está claro, puede no ser el único en corregirse para disipar todas las dudas y dejar bien asentado en las leyes locales que la libertad al disenso, libre prensa y la libertad de expresión son derechos consagrados en las constituciones políticas de Puebla y de México, y que están y seguirán intactos en la entidad.
Insisto, la ambigüedad en la redacción de la reforma al Código Penal del estado fue la chispa que provocó todo el incendio mediático y en redes nacionales a nivel nacional.
Aunque el hubiera no existe sí vale la pena en reiterar lo siguiente.
Todo este problema se pudo evitar si los legisladores poblanos hubieras hecho bien su trabajo para el que todos los poblanos los contratamos con nuestro voto en las elecciones de junio del año pasado al respetar el correcto quehacer parlamentario, que los obliga a revisar a detalle cada reforma o iniciativa de ley y no ser –como así quedó de manifiesto– una simple oficialía de partes y unos “levantadedos” de las propuestas que son enviadas desde el Ejecutivo local o desde cualquier otro órgano facultado o ciudadano.
Resulta increíble de asimilar que ninguno de los 41 diputados locales, tanto del bloque oficial o de la oposición –salvo la panista Susana Riestra– hayan notado que la redacción del nuevo párrafo adicionado al artículo 480 del Código Penal se prestaba a las interpretaciones y dejaba muy vago el término del ciberasedio, que fue bautizado por la oposición y por una horda de furiosos usuarios de redes sociales, la mayoría cuentas anónimas o bots, como la #LeyCensura.
La confusión y la sed de venganza de la oposición en contra de la 4T avivaron la “tormenta perfecta”, como la presidenta del Congreso local, Laura Artemisa García, calificó al culebrón de la Ley de Ciberseguridad.
Tuvo que llegar la postura clara de la presidenta Claudia Sheinbaum para que los diputados poblanos, con “la cola entre las patas”, anunciaran que el artículo 480 será parchado para dejar las ambigüedades, acabar con las interpretaciones y despolitizar a la reforma, que impulsó el exdiputado José Luis García Parra y que avaló el gobernador Armenta, el cual jamás –hay que decirlo– tuvo la intensión de censurar y castigar a las voces disidentes o críticas.
“Me puse a investigar. El tema de Puebla es una ley que tiene que ver con el ciberacoso, en un sentido amplio, que presentó el gobernador Armenta, y de ahí lo derivaron a que era una ley dedicada a sancionar y censurar a aquel que hable mal del gobernador en redes sociales”, señaló la mandataria. Si tiene que clarificarse, se clarifica, pero es una ley contra el ciberacoso, acoso que ya existe en otros estados (…) En todo caso, que ahí quede establecido en la ley que no tiene que ver con los funcionarios públicos”.
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Las palabras de Sheinbaun fueron contundentes.
A este llamado hizo a bien sumarse el gobernador Alejandro Armenta al llamar al Congreso del estado a excluir del ciberasedio a los y las funcionarias públicas, quienes están expuestas al escrutinio público.
“Nosotros somos totalmente respetuosos y tomamos muy en cuenta lo que dijo la presidenta hoy. Deben de quedar exentos del beneficio de esta ley los servidores públicos, no hay ningún interés, no hay censura”.
Con el llamado de la presidenta y del mandatario poblano, Laura Artemisa no tuvo más remedio que anunciar la inmediata reforma a lo apenas aprobado el 13 de junio.
“No debe atentar contra la libertad de expresión y mucho menos en una protección y cuidado hacia un trabajo que realizamos los servidores públicos. Entendemos que los servidores públicos estamos en el escrutinio ciudadano”.
Pero qué necesidad.
Lo rescatable aquí ahora sí estará estipulado en la ley que ningún servidor público podrá denunciar por ciberasedio a ningún ciudadano o periodista que lo critique o hasta ofenda, pues ya hay que leyes y jurisprudencias que lo permiten.
La libertad de expresión en Puebla está intacta.
