¿La popularidad en las urnas basta para escribir las leyes que rigen a una sociedad? Una iniciativa ciudadana presentada en Puebla busca poner fin a las improvisaciones en el Congreso, exigiendo título de abogado a quien aspire a una curul.
El recinto legislativo a veces parece un escenario donde se confunde la ocurrencia con el mandato popular. Frente a los recurrentes tropiezos jurídicos que han costado costosos reveses ante la justicia federal, la exigencia de profesionalizar el curul ha saltado del murmullo a la mesa de debate.
La asociación civil Poblanos Unidos por la Profesionalización del Servicio Público, encabezada por Alejandro Ruiz Cabrera, entregó formalmente a la Mesa Directiva del Congreso local la propuesta bautizada popularmente y con ácida ironía como la «Ley Salvatori».
Puntos clave de la iniciativa
- Propuesta: Adicionar la Fracción IV al artículo 36 de la Constitución Política del Estado de Puebla.
- Requisito central: Contar obligatoriamente con cédula profesional de Licenciatura en Derecho para ser diputado propietario o suplente.
- Promotor: Asociación civil Poblanos Unidos por la Profesionalización del Servicio Público (Alejandro Ruiz Cabrera).
- Destino institucional: Presentada ante la Mesa Directiva de la LXII Legislatura, encabezada por Marcos Castro.
- Justificación: Evitar que fallas técnicas en leyes como el Derecho al Alumbrado Público o la Ley de Ciberasedio sigan cayendo en tribunales federales.
La iniciativa, ingresada formalmente el pasado 23 de junio, descansa por ahora en la llamada «congeladora» legislativa. Sus promotores sostienen que el carisma electoral resulta insuficiente para redactar decretos y reformas de profundo impacto social, argumentando que los ciudadanos merecen una representación con sólida técnica jurídica para garantizar el derecho a una buena administración pública.
Sin embargo, el apodo con el que la bautizó la opinión pública no es casualidad. El mote surgió previo al más reciente escándalo protagonizado por una legisladora de Morena implicada en burlas contra adultos mayores, lo que avivó la conversación digital sobre la preparación y la ética de quienes ostentan el poder.
Actualmente, la LXII Legislatura es un mosaico diverso de profesiones que incluye a comunicólogos, médicos, maestros y administradores. Por ello, la propuesta también abre un profundo dilema democrático: ¿debe priorizarse la especialización técnica o se corre el riesgo de restringir el derecho constitucional de cualquier ciudadano a ser votado?
La democracia representativa camina siempre en la cuerda floja entre la apertura popular y la competencia técnica. Exigir títulos universitarios o blindar la inclusión ciudadana abre un espejo incómodo sobre el parlamento que tenemos y la calidad de leyes que, a golpe de errores y aplausos, terminamos heredando.
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