El gobernador de Alejandro Armenta Mier envió al Congreso del estado una iniciativa de reforma al Código Electoral para establecer el procedimiento mediante el cual se elegirán por voto popular jueces y magistrados del Poder Judicial en Puebla.
La propuesta contempla que la elección se realice el primer domingo de julio de 2027, en la misma jornada en la que se renovarán alcaldías, diputaciones federales y diputaciones locales.
En esa fecha también estarán en disputa cargos del Poder Judicial, entre ellos magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial y jueces de primera instancia.
El proyecto establece que Comités de Evaluación serán los encargados de revisar los perfiles de los aspirantes y elaborar listas con los mejor calificados para cada cargo.
Posteriormente, los listados deberán depurarse mediante un proceso de insaculación pública, con el objetivo de ajustar el número final de candidaturas y garantizar el principio de paridad de género. Los resultados deberán publicarse en los medios electrónicos oficiales.
De acuerdo con la iniciativa, el Ejecutivo estatal, el Congreso local y el Tribunal Superior de Justicia deberán presentar a más tardar el 1 de febrero sus listas de aspirantes junto con los expedientes que acrediten su idoneidad.
El Congreso tendrá como plazo máximo el 12 de febrero para entregar la lista final al Instituto Electoral del Estado.
La reforma también establece que quienes busquen un cargo en el Poder Judicial no recibirán financiamiento público para sus campañas. Los aspirantes únicamente podrán utilizar recursos propios para cubrir gastos como traslados o viáticos durante el periodo de promoción.
Las campañas tendrán una duración de 60 días y coincidirán con el calendario electoral de la elección constitucional de diputados y alcaldes. La iniciativa señala que no habrá periodo de precampañas ni se permitirán actos anticipados de promoción.
Durante las campañas, los candidatos podrán difundir su trayectoria profesional, experiencia y su visión sobre la impartición de justicia. No obstante, tendrán prohibido prometer resoluciones sobre asuntos jurídicos específicos o entregar regalos a los ciudadanos.
En materia de promoción, la propuesta permite el uso de propaganda impresa, espacios en medios públicos de radio y televisión y redes sociales, pero prohíbe la compra de publicidad pagada en medios de comunicación, ya sea con recursos públicos o privados.
El documento también fija requisitos para aspirar a estos cargos, entre ellos estar inscritos en el Registro Federal de Electores, no formar parte de órganos electorales durante el proceso en el que se postulen y no haber sido sancionados por delitos como violencia política contra las mujeres, violencia familiar o incumplimiento de obligaciones alimentarias
