Ante el crecimiento del robo de agua potable en Puebla, el Congreso local analizará una iniciativa que busca imponer sanciones más severas contra quienes participen en esta práctica, incluyendo penas de hasta 15 años de prisión para servidores públicos involucrados.
La propuesta fue presentada por el diputado de Fuerza por México, Elpidio Díaz, quien advirtió que el problema ha ido en aumento.
Tan solo el año pasado se detectaron más de mil 100 tomas clandestinas en la entidad, principalmente en zonas periféricas de la capital, con mayor incidencia en colonias del sur.
El legislador planteó la necesidad de fortalecer el marco legal para combatir este delito, por lo que propuso modificar el artículo 374 del Código Penal del Estado. El objetivo es tipificar de manera específica el robo de agua potable, separándolo de otros delitos relacionados con servicios públicos.
De aprobarse la reforma, las personas que sustraigan, distribuyan o comercialicen agua de manera ilegal podrían enfrentar penas de entre 4 y 10 años de cárcel, además de multas que van de mil a dos mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).
No obstante, las sanciones se endurecen en el caso de funcionarios públicos. Aquellos que, por acción u omisión, permitan o no denuncien estas prácticas, pese a tener la responsabilidad de supervisar la red hídrica, podrían recibir condenas de hasta 15 años de prisión, al considerarse una agravante en su conducta.
Cobros ilegales y mercado clandestino
De acuerdo con lo expuesto en la iniciativa, Puebla se ubica en el sexto lugar a nivel nacional en robo de agua. El diputado señaló que existen intermediarios conocidos como “coyotes”, quienes cobran hasta 2 mil pesos por realizar conexiones irregulares a la red.
Además, se ha detectado la operación de redes que extraen agua para llenado de pipas y tinacos, con el fin de venderla en colonias donde hay escasez, replicando esquemas similares al huachicol de combustible.
