El juez Enrique Romero Razo, adscrito al distrito judicial de Cholula, fue detenido este martes en Puebla por su presunta responsabilidad en delitos contra la administración de justicia, cohecho y evasión de reos. El juzgador fue señalado en mayo pasado por modificar la medida cautelar de Manuel Forcelledo Nader, sentenciado a 76 años de prisión por el feminicidio de Karla López Albert.
La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó la aprehensión, aunque no dio a conocer detalles sobre el operativo. De acuerdo con información que trascendió, la detención ocurrió en el domicilio particular del juez, ubicado en la colonia El Ángel, donde presuntamente se realizó un cateo.
El caso que colocó a Romero Razo en el centro de los señalamientos ocurrió el 12 de mayo, cuando ordenó cambiar la prisión preventiva de Forcelledo Nader por arresto domiciliario, pese a la condena que recibió por los delitos de feminicidio, aborto y violación contra Karla López Albert, cometidos en 2014.
La resolución contemplaba que el sentenciado permaneciera en su domicilio con un brazalete electrónico y acudiera a firmar periódicamente. Sin embargo, la decisión generó cuestionamientos debido a que, según la información difundida sobre el caso, los familiares de la víctima no fueron notificados de la modificación de la medida cautelar.
Tras estos hechos, el Consejo de la Judicatura inició un procedimiento administrativo contra el juez. En junio, su presidente, Pedro Antonio Martínez Hernández, confirmó que Romero Razo continuaba en funciones mientras avanzaba la investigación en su contra.
Amparo le permitió permanecer en Cholula
A principios de julio, Romero Razo fue reubicado al distrito judicial de Ciudad Serdán; no obstante, promovió un amparo para impugnar el cambio de adscripción, bajo el argumento de que motivos de salud le impedían desempeñar sus funciones en esa demarcación.
En agosto, la justicia federal resolvió a su favor y ordenó su restitución como juez en Cholula, por lo que continuó en ese distrito judicial hasta que se reportó su detención este 20 de octubre.
El procedimiento penal deberá determinar las posibles responsabilidades del juzgador por los delitos que le atribuyen las autoridades ministeriales. Durante el proceso, la Fiscalía tendrá que presentar los datos de prueba que sustenten la imputación, mientras se define su situación jurídica.
