La periodista Lydia Cacho Ribeiro y el exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, se encontrarán nuevamente ante la justicia el próximo 20 de octubre en Cancún, Quintana Roo, durante una audiencia clave del proceso penal contra el exmandatario por el delito de tortura. A 21 años de los hechos, la comunicadora busca que el caso concluya con una sentencia condenatoria.
La denuncia se remonta al 16 de diciembre de 2005, cuando Cacho fue detenida en Cancún y trasladada por carretera a Puebla bajo custodia policial.
Según su testimonio, durante el trayecto, que duró aproximadamente 20 horas, sufrió agresiones físicas y psicológicas, amenazas e insultos, como represalia por la publicación de su libro Los demonios del Edén, en el que expuso una presunta red de explotación sexual infantil relacionada con empresarios y figuras de poder.
La periodista confirmó que acudirá a la audiencia acompañada por representantes legales de Artículo 19 y manifestó su expectativa de que el procedimiento permita avanzar hacia una resolución.
Cacho ha sostenido que su exigencia de justicia también representa a periodistas que han enfrentado amenazas, agresiones y asesinatos por ejercer su labor, así como a su familia, que la ha acompañado durante estas dos décadas de lucha legal.
Marín permanece recluido en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano, luego de que un tribunal revocara la prisión domiciliaria que obtuvo en agosto de 2024.
En el caso también figuran otros exfuncionarios: Hugo Karam, quien encabezó la Policía Judicial de Puebla, salió de prisión en agosto de 2024 tras un cambio en sus medidas cautelares, mientras que el excomandante Alejandro Rocha Laureano dejó la cárcel el 14 de octubre de 2026, después de cumplir una condena de cinco años y seis meses por tortura contra la comunicadora.
La audiencia del 20 de octubre representa un nuevo capítulo en un proceso judicial que se ha prolongado durante más de dos décadas. Además de buscar una sentencia contra el exgobernador, la periodista y organizaciones defensoras de la libertad de expresión han insistido en que las investigaciones contra los demás presuntos responsables continúen hasta que se determinen las responsabilidades correspondientes.
