Al menos 13 niños de entre año y medio y dos años habrían sufrido presuntas agresiones físicas y castigos en el maternal del Instituto Mexicano Madero, plantel Zavaleta, en Puebla. Los padres de familia responsabilizan a una docente y ya acudieron ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir que se investiguen los hechos.
De acuerdo con las denuncias, las agresiones incluirían pellizcos en el rostro, golpes contra los pupitres y castigos durante horas bajo el sol o en una esquina. Algunos menores habrían regresado a casa con moretones, rasguños, lesiones en los labios y marcas en la cabeza, además de presentar crisis nerviosas y temor de volver a clases.
Los padres identificaron a la maestra de maternal Valeria Largaespada Bagatella como la presunta responsable. Según los testimonios, los primeros indicios se detectaron desde el 9 de octubre, aunque las familias señalaron que fue hasta finales de ese mes cuando comenzaron a dimensionar lo que ocurría con sus hijos.
Cerca de 40 padres de familia acudieron a la Fiscalía para presentar pruebas y formalizar las denuncias. Entre los testimonios también figura el de una docente que aseguró haber presenciado las agresiones; incluso, relató el caso de una niña a quien presuntamente le azotaron la cabeza contra su pupitre. Dos menores habrían sufrido lesiones en los labios.
La inconformidad también alcanzó a la dirección del plantel. Los padres señalaron que el 4 de noviembre se reunieron con la directora, Elia San Pedro Hernández, para exponerle lo sucedido, pero aseguraron que su respuesta fue de incredulidad. Trascendió que la docente señalada ya habría sido separada de su cargo.
La mañana de este jueves 5 de noviembre, alrededor de 25 tutores se concentraron en los accesos del colegio para visibilizar las denuncias y exigir respuestas. La protesta comenzó con el bloqueo de la entrada principal y el estacionamiento, lo que dificultó el ingreso de integrantes de la comunidad escolar.
Posteriormente, los manifestantes utilizaron sus vehículos para cerrar la circulación de la vialidad, provocando afectaciones a automovilistas y al transporte público, entre ellos unidades de la Ruta 3 y suburbanas de San Andrés, que tuvieron que desviarse y retornar.
Mientras las familias exigen justicia y una investigación sobre lo ocurrido, el caso pone en el centro una pregunta que ninguna institución educativa debería evadir: ¿quién protege a los niños cuando las presuntas agresiones ocurren precisamente en el lugar donde deberían estar seguros?
Escrito por Redacción Incorrecto News
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