Este problema de los “arrancones” es parte de una crisis es estructural mayor, que se viene agravando con el paso de los años.
Historias de un joven reportero
Por: Gerardo Ruiz / @GerardoRuizInc
El gobierno del estado, que encabeza Alejandro Armenta, tomó al toro por los cuernos y no se escondió ni ignoró el problema de los “arrancones” clandestinos, que el pasado fin de semana cobraron la vida de los jóvenes César Emilio y Rubén y que dejaron en condiciones críticas a Paulina, quienes se impactaron contra un poste en la Vía Atlixcáyotl por conducir a exceso de velocidad.
Fue José Luis García Parra, coordinador del gabinete del gobierno de Puebla, quien anunció la construcción de una pista para ‘arrancones’ legales, donde los automovilistas podrán demostrar sus habilidades al volante sin poner en riesgo su vida ni la de terceros.
La medida sin precedentes anunciada el pasado lunes en la mañanera del gobernador Armenta plantea también que a partir de diciembre próximo, el gobierno organizará, supervisará y regularizará carreras de automóviles en el autódromo ‘Miguel E. Abed’ en lo que queda la pista antes mencionada.
«Nos ha instruido el gobernador que con los módulos de maquinaria busquemos un predio adecuado para construir una pista en línea recta para el cuarto de milla (402 metros) y allí organicemos de manera ordenada, reglamentada, con todas las medidas de protección para que jóvenes de todo el estado puedan acudir«, detalló García Parra tras el fatal accidente de la madrugada del domingo.
Este proyecto plausible –por donde se le vea– de la administración de Armenta Mier debe entenderse como una medida desesperada para salvaguardar la vida de los jóvenes, quienes son los principales promotores y aficionados de los malditos “arrancones”, que son organizados en las principales avenidas de la Angelópolis y los límites con San Andrés Cholula.
De 2023 a la fecha, son siete las muertes provocadas por este tipo de “carreritas” en diferentes puntos de la capital y la zona metropolitana, de acuerdo con un conteo realizado por La Jornada de Oriente.
“Esta tragedia ocurre pese a que hace 4 años, el gobierno del estado penalizó los arrancones y carreras clandestinas con multas económicas así como el retiro de la licencia de conducir a quien se vea involucrado en este tipo de actividades ilícitas por una década. A esto se suman los recientes operativos en la Atlixcáyotl, como el del pasado 28 de agosto, derivado de una muerte similar por exceso de velocidad (…) El accidente ocurre en un contexto en el que la Vía Atlixcáyotl se ha convertido en un punto crítico para estas prácticas. En 2021 el gobierno estatal endureció las sanciones contra los arrancones, estableciendo multas económicas, remisión del vehículo y la cancelación de la licencia de conducir hasta por 10 años como penalidad máxima”, precisó el periódico.
Y es que endurecer las sanciones administrativas y las multas ya no es suficiente.
Este problema de los “arrancones” es parte de una crisis es estructural mayor, que se viene agravando con el paso de los años.
La descomposición del tejido social, de la que estas carreras clandestinas forman parte, es parte de la afinidad a vivir en la cultura de la ilegalidad, que es la raíz del problema y a lo que el gobierno del estado debe poner principal atención y enfocar sus esfuerzos.
Me explico.
La mayoría de auto y motocicletas que participan en estas carreras tiene placas de otros estados para brincarse no solo las verificaciones semestrales, sino también, las fotomultas y poder rebasar así –y por mucho– los límites de velocidad permitidos en vialidades como el Periférico, la Atlixcáyotl, Bulevar Las Torres, Hermanos Serdán o las laterales que conducen a Sonata, en Lomas de Angelópolis.
Si es que llegan a tener placas de Puebla son morosos o deben miles de pesos en multas.
Esto es la cultura de vivir en la ilegalidad.
El gobierno de Armenta debería empezar a decomisar estos vehículos que no tienen placas de Puebla y que participan en los mortales “arrancones”.
Una limpia total.
Por ejemplo, la administración de Miguel Barbosa confiscó un automóvil del antinfluencer Simon Ahued, quien constantemente era sorprendido rebasando los limites de velocidad e, incluso, burlándose de los agentes de tránsito y policías que intentaban infraccionarlo. Hasta el día en que el gobierno le quitó el coche a este tipejo logró acabar con sus ‘jueguitos’ y hasta tuvo que cambiar su domicilio a Guadalajara.
Esta es solo una medida que la administración de Alejandro Armenta podría emprender para ponerle fin a esta grave crisis de descomposición social, que seguirá cobrando más vidas de jóvenes que quieren vivir al límite y en la ilegalidad.
Insisto, el gobernador Armenta hace bien al intentar regular los “arrancones”, pero se necesita una mano dura que acabe con esto de tajo.
Sancionar y erradicar la ilegalidad.
No hay más.
