Titulares de ejecutivos argumentaron que la resolución del ministro es inconstitucional por diversas razones y que el Plan B no representa una amenaza para los procesos electorales, como se ha afirmado.
Gobernadoras y gobernadores de Morena, incluido el de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, expresaron su desacuerdo con la suspensión del paquete de reformas en materia electoral, conocido como Plan B, después de que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek, admitiera un recurso de impugnación presentado por el Instituto Nacional Electoral (INE).
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En un desplegado conjunto, titulares de ejecutivos locales en varias entidades argumentaron que la resolución del ministro es inconstitucional por diversas razones y que el Plan B no representa una amenaza para los procesos electorales, como se ha afirmado.
El comunicado establece que la Carta Magna no permite las controversias constitucionales en asuntos electorales, y que según la ley reglamentaria, no se puede suspender las normas generales. Además, se sostiene que la decisión del ministro Laynez Potisek viola el equilibrio de poderes, ya que elimina reformas que representan la voluntad legítima de la representación popular depositada en el Poder Legislativo.
El desplegado fue suscrito por varios mandatarios morenistas, incluyendo a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, Layda Sansores, Cuauhtémoc Blanco, Américo Villarreal, Mara Lezama, entre otros. Señalaron que el objetivo del Plan B es reducir los costos de las elecciones, reforzar principios democráticos fundamentales, simplificar el proceso burocrático y el presupuesto del árbitro electoral, y garantizar una auténtica democracia al racionar los recursos públicos, acabar con los excesos y las prácticas fraudulentas del antiguo régimen.
En consecuencia, calificaron la medida del ministro Laynez Potisek como arbitraria y pidieron que sea revertida por el pleno de la Suprema Corte, argumentando que esta decisión parece buscar obstaculizar la transformación nacional y preservar el poder de las élites, tecnocracias y burocracias, lo cual contradice los principios de la austeridad republicana promovidos por el gobierno de la Cuarta Transformación.
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