Por: Victoria Ventura / @victoria_ven
El Ayuntamiento de Puebla se adjudicó la reducción de 43% en la incidencia delictiva del año pasado. Sin embargo, el gobierno estatal implementó una estrategia para romper la ola de violencia que se tenía en la Angelópolis.
Mediante una tabla comparativa del primer y segundo año de mandato de la administración vivanquista, presentada por José Tlachi Meneses, coordinador de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), mostró los avances en cuestión de incidencia delictiva registrados en la capital.
En 2018 cuando la seguridad se regía únicamente bajo el cuerpo policiaco capitalino, el robo a transeúnte registraba 1,458 delitos, a casa habitación contabilizó 1,235 casos, mientras que el robo a negocio 3,197.
En la comparativa presentada con el 2020, cuando el gobierno del estado asumió la seguridad, estos delitos presentaron una reducción, del 59.5%, 57.7% y 47.1%, respectivamente.
En su intervención, la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco aseguró que el gobierno de la ciudad ha contribuido en la reducción de la incidencia delictiva del Estado.
*Barbosa asume la seguridad de la capital*
El gobernador Miguel Barbosa emitió un decreto para asumir el control de la seguridad pública en la capital del estado por un año, periodo que implica prácticamente lo que resta de la administración de la presidenta municipal Rivera Vivanco.
En el documento, se expuso que existe una alteración del orden público en la ciudad, lo que constituye un motivo suficiente para que el gobernador asuma el mando de la Policía Municipal.
Fue en marzo cuando Barbosa emitió un primer decreto para asumir la seguridad pública en la capital, sin embargo, la alcaldesa se pronunció en contra de la medida debido a que, según dijo, violentaba la autonomía municipal.
Rivera Vivanco presentó una controversia constitucional ante la SCJN, misma que no otorgó suspensión del decreto.
El recurso 95/2020 CA fue promovido por el delegado del municipio de Puebla, contra la resolución emitida el 14 de julio de este año, mediante la cual se le negó a la comuna la suspensión provisional solicitada como medida cautelar.
Y es que, en su tercera ampliación de demanda, como parte de la controversia constitucional 46/2020, el gobierno de Claudia Rivera Vivanco pidió a la Suprema Corte que ordenara al gobierno estatal no ejecutar ningún acto tendiente a la toma de la seguridad pública del municipio de Puebla y sus juntas auxiliares, hasta en tanto no se resuelva el fondo del recurso legal que promovió el Ayuntamiento.
El 13 de julio, el gobierno estatal emitió un segundo decreto para asumir el control de la seguridad pública municipal, sin embargo, Rivera Vivanco se negó a acatarlos.
El mandatario reiteró en repetidas ocasiones que aun sin acatarse el decreto, su gobierno ha cubierto labores de seguridad en la Angelópolis, mediante operativos conjuntos con la Guardia Nacional y con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Barbosa también mencionó que los cuerpos de seguridad pública que comanda Rivera están desviados de sus funciones y que tienen una mala imagen ante la ciudadanía.
