Osvaldo Macuil / @OsvaldoMacuil
La Auditoria Superior del Estado (ASE) no solo demandó al rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz por diferentes actos de corrupción, pues incluyeron a otros cuatro funcionarios de primer nivel de la máxima casa de estudios, quienes están involucrados en las irregularidades.
El Incorrecto tuvo acceso a las denuncias penales que el auditor Superior del Estado, Francisco Romero Serrano presentó el pasado 21 de octubre en las que se detalla que también fueron denunciados la abogada general, Rosa Avalos Méndez y el tesorero, Oscar GIlbon Rosete.
También están implicados dos contralores de la BUAP, Mayela Delong Carsolio y Héctor Granados Rodríguez.
Las denuncias
La Auditoría Superior del Estado (ASE) demandó por corrupción al rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz ante la Fiscalía General del Estado (FGE), por los delitos de operaciones simuladas por 264 millones de pesos, abuso de autoridad y tráfico de influencias e incumplimiento de un deber legal.
La ASE, a través de su cuenta de Twitter, el órgano fiscalizador local explicó que detectó el presunto uso de facturas apócrifas por un monto de 264 millones 739 mil 261 pesos.
El segundo delito, fue porque el rector se negó a dar cumplimiento a los requerimientos hechos relacionados con la cuenta pública 2019 de la BUAP.
La tercera denuncia, corresponde a tráfico de influencias e incumplimiento de un deber legal, porque el órgano fiscalizador detectó la presunta participación del despacho Espor como auditor externo de la BUAP.
Acusan a Esparza de ser dueño de la auditoria Espor
En torno a esta denuncia, la ASE acusó que en 1999, la empresa Espor Servicios Profesionales se constituyó y Alfonso Esparza era uno de los socios.
En 2017 se registró ante la Auditoria, en ese entonces a cargo del morenovallista David Villanueva Lomelí, como auditor externo.
De este modo, comenzó a realizar auditorías a organismos en los que se presentaron actos de corrupción en los gobiernos morenovallistas.
Espor auditó de manera externa a la Coordinación Estatal de Transparencia y Gobierno Abierto; a Ciudad Modelo; a la Fiscalía General del Estado y a Museos de Puebla.
