Un documento difundido recientemente encendió alertas dentro de la Secretaría de Movilidad y Transporte de Puebla, donde supuestos trabajadores operativos denunciaron la existencia de posibles actos de corrupción, abusos de autoridad y anomalías administrativas dentro de la dependencia.
Ante los señalamientos, la Secretaría hizo un llamado público para que cualquier acusación se presente formalmente ante las autoridades competentes, con el fin de que las investigaciones puedan realizarse conforme al marco legal.
La controversia surgió tras la circulación de una carta dirigida al gobernador Alejandro Armenta Mier, en la que los denunciantes describen lo que consideran una presunta red de irregularidades al interior de la institución.
Señalamientos contenidos en la carta
En el documento se menciona directamente al comandante Jaime Oropeza González, a quien los denunciantes atribuyen diversas prácticas presuntamente irregulares.
Entre las acusaciones destacan:
- Supuestos cobros de entre 40 mil y 50 mil pesos por la asignación de plazas para alrededor de 350 elementos.
- Cuotas diarias de entre 500 y mil pesos por unidad, lo que —según el documento— podría representar hasta un millón de pesos semanales.
- Preocupación por presuntos vínculos con grupos delictivos, que según los denunciantes recibirían protección.
También se señalan irregularidades en la designación de mandos, pues algunos habrían sido nombrados jefes de grupo sin trayectoria policial ni perfil jurídico.
A ello se suman denuncias sobre condiciones laborales complicadas, entre ellas:
- Jornadas de hasta 16 o 18 horas
- Falta de respaldo institucional ante agresiones
- Capacitación insuficiente para el personal operativo
La postura oficial
La Secretaría de Movilidad y Transporte reiteró que todo señalamiento relacionado con conductas indebidas debe atenderse con seriedad, responsabilidad y apego a la ley.
Por ello, exhortó a quienes tengan información o hayan sido testigos de irregularidades a acudir a las instancias correspondientes para presentar denuncias formales, lo que permitirá iniciar procesos de investigación.
La dependencia también aseguró que colaborará con los órganos de control y las autoridades competentes una vez que las acusaciones se formalicen y se presenten con las pruebas correspondientes.
Transparencia, una exigencia social
Las denuncias internas suelen ser el primer síntoma de tensiones dentro de una institución pública. En una sociedad que exige mayor rendición de cuentas, la credibilidad de las autoridades depende de la capacidad de investigar y aclarar cualquier señalamiento.
La transparencia no solo protege a las instituciones; también fortalece la confianza ciudadana, un recurso cada vez más escaso en el debate público.
Redacción: Incorrecto News
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