Por Redacción Incorrecto News
Una caída ocurrida dentro del Colegio Humboldt, una de las instituciones educativas privadas más reconocidas de Puebla, ha derivado en una denuncia pública por presuntas omisiones, falta de protocolos de emergencia y negativa a asumir responsabilidades por parte de la escuela.
La mañana del 14 de mayo, Bárbara, estudiante de tercer grado de primaria, jugaba con sus compañeros en un jardín ubicado frente a su salón cuando el suelo cedió bajo sus pies. La menor cayó a una cisterna de aproximadamente dos metros de profundidad y sufrió lesiones en dos vértebras, situación que la mantuvo durante semanas bajo tratamiento médico especializado.
De acuerdo con el testimonio de la familia, la tapa que cubría la estructura quedó suspendida tras el accidente, con riesgo de desplomarse sobre la niña. Fueron los propios alumnos quienes alertaron a los docentes sobre el peligro mientras se realizaban las maniobras para rescatarla.
Los padres cuestionan la forma en que se llevó a cabo la extracción de la menor, pues aseguran que fue sacada por personal sin capacitación en atención de emergencias, lo que pudo agravar las lesiones que presentaba en la columna vertebral.
Otra de las inconformidades radica en que la madre fue notificada del accidente cerca de una hora después de ocurrido. Según su versión, inicialmente le informaron únicamente que su hija se había «resbalado», sin explicar la gravedad de los hechos.
Al llegar a la enfermería, encontró a la menor inmóvil y con fuertes dolores de espalda. Posteriormente fue trasladada al Hospital UPAEP, donde se detectaron lesiones de consideración. Debido a la persistencia de los síntomas, la familia optó por continuar la atención médica con especialistas particulares.
La recuperación ha obligado a la estudiante a permanecer en reposo durante varias semanas, utilizar una faja de soporte y suspender actividades físicas mientras continúa bajo observación médica.
La madre asegura que hasta el momento ha desembolsado más de 30 mil pesos en gastos médicos y estima que el tratamiento, estudios y terapias podrían prolongarse durante años. También denuncia que el colegio no ha reembolsado los gastos realizados ni ha ofrecido garantías sobre la atención futura de la menor.
Además, afirma que no ha tenido acceso a las grabaciones de seguridad que presuntamente registraron el accidente y que tampoco ha recibido información sobre posibles avances en las investigaciones iniciadas ante autoridades educativas y ministeriales.
Ante el riesgo de que las lesiones puedan afectar el desarrollo físico de la niña durante su crecimiento, la familia exige que la institución garantice cobertura médica especializada a largo plazo y que las autoridades determinen si existieron responsabilidades derivadas de las condiciones de seguridad y la respuesta aplicada tras el accidente.
El caso ha abierto cuestionamientos sobre las medidas de protección, supervisión y actuación ante emergencias en planteles escolares privados de Puebla.
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