Puebla, Pue.— Una investigación silenciosa, tejida durante meses, desembocó en un golpe directo al corazón de la seguridad municipal. La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), con respaldo de fuerzas federales y estatales, ejecutó la Operación COFRADÍA, que derivó en la detención de tres funcionarios de seguridad pública municipal y una civil, presuntamente vinculados con el homicidio de dos policías municipales y con el grupo delictivo “La Barredora”.
El despliegue fue resultado de una coordinación interinstitucional entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE). Las órdenes de aprehensión se cumplimentaron contra Hugo N., Atanacio N. y Rocío N., servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla, así como contra Ana Belem N., civil señalada en la misma línea de investigación.
Las indagatorias de la FGE establecen que el 1 de marzo de 2025, los hoy detenidos llegaron en dos vehículos a un inmueble de la colonia Del Valle, en la ciudad de Puebla, donde habrían privado de la vida a dos policías municipales mediante disparos con armas largas. El ataque, según la investigación, habría sido una represalia por negarse a colaborar con actividades delictivas.
El expediente revela además que los implicados presuntamente formaban parte de una estructura conocida como “La Cofradía”, desde la cual mantenían comunicación y control operativo con el grupo criminal “La Barredora”. En ese entramado, los funcionarios habrían brindado protección institucional, filtrado información sensible y alertado sobre operativos, aprovechando su conocimiento interno para evadir la acción de la justicia.
Las detenciones de los tres servidores públicos se realizaron dentro de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, mientras que Ana Belem N. fue asegurada en otro punto de la ciudad. Todos serán puestos a disposición del Juez de Control como probables responsables del delito de homicidio calificado, además de otros cargos que pudieran derivarse conforme avance la investigación.
Más allá de los nombres y los cargos, el caso deja una pregunta incómoda: ¿quién vigila a quienes deben proteger? La respuesta, al menos en este episodio, apunta a que la depuración institucional sigue siendo una tarea urgente y permanente para recuperar la confianza ciudadana.
Firma: Redacción Incorrecto News
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