Lo que debía ser un espacio seguro se convirtió en incertidumbre. En un colegio ubicado en la colonia El Carmen, en Puebla, una estudiante denunció haber sido víctima de agresión por parte de un compañero; a una semana de los hechos, la joven no ha podido regresar a clases, mientras el señalado continúa asistiendo con normalidad.
El caso contrasta con lo establecido en los lineamientos estatales de atención a la violencia escolar, que obligan a:
- Garantizar la protección inmediata de la víctima
- Evitar el contacto con el presunto agresor
- Canalizar el caso a instancias como la fiscalía o derechos humanos
Nada de esto ocurrió. La estudiante permanece en su casa, mientras el presunto agresor continúa en clases.
🚨 Investigación en curso
Ante la falta de respuesta institucional, la familia presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, la cual se encuentra en etapa inicial. También interpusieron una queja ante la Secretaría de Educación Pública, aunque el proceso podría tardar semanas.
Cuando una víctima abandona el aula para sentirse segura, el problema deja de ser individual y se vuelve estructural. La escuela no solo enseña materias: también debería garantizar entornos seguros.
Hoy, la historia no habla solo de un caso, sino de una pregunta que sigue sin respuesta: ¿qué tan protegidos están realmente los estudiantes?
Redacción Incorrecto News
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