El Congreso de Puebla analiza una iniciativa para castigar la discriminación a personas con discapacidad en el transporte público, con sanciones que podrían llegar hasta el retiro definitivo de concesiones a operadores reincidentes.
La propuesta fue presentada por la diputada de Morena, Soledad Amieva Zamora, quien planteó reformar la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del estado para frenar abusos como la negativa de servicio, el cobro indebido de tarifas o cualquier trato discriminatorio hacia este sector de la población.
El proyecto establece que los concesionarios que incurran en estas prácticas podrán ser sancionados con multas de hasta mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, alrededor de 117 mil pesos. En caso de que un mismo operador acumule tres infracciones en un periodo de un año, se iniciará el proceso para revocar la concesión.
Además de las sanciones, la iniciativa busca garantizar el acceso al transporte gratuito para personas con discapacidad en todas las rutas de jurisdicción estatal, incluidas las urbanas, suburbanas y rurales. Para ello, los operadores deberán aceptar documentos oficiales como credenciales del DIF, la Credencial Nacional para Personas con Discapacidad o constancias médicas institucionales.
También se contempla que, en casos donde la discapacidad no sea visible y el usuario no cuente con documentación al momento, se aplique una tarifa preferencial provisional que no podrá superar el 50 por ciento del costo normal del pasaje.
Uno de los ejes centrales de la propuesta es la creación de un sistema digital de denuncias para combatir la discriminación a personas con discapacidad en el transporte público.
Este mecanismo funcionaría mediante códigos QR colocados dentro de las unidades, a través de los cuales los usuarios podrían reportar abusos desde su teléfono celular, sin necesidad de acudir a oficinas gubernamentales.
Las denuncias deberán incluir datos básicos como el número de concesión, la ruta, la fecha, la hora y una breve descripción de los hechos, lo que permitirá agilizar los procesos y descentralizar la atención de quejas.
La iniciativa también obliga a la Secretaría de Movilidad a reforzar las inspecciones en unidades, paraderos y terminales, con el objetivo de verificar que se respeten las tarifas preferenciales y las condiciones de accesibilidad. Asimismo, plantea que las unidades suburbanas y foráneas cuenten con al menos dos asientos preferenciales ubicados cerca de la puerta.
