El diputado local de Morena, Miguel Trujillo de Ita, presentó una iniciativa para endurecer las sanciones contra funcionarios penitenciarios que faciliten la comisión de delitos desde el interior de las cárceles, incluyendo penas de hasta 12 años de prisión.
La propuesta busca atender el problema de las extorsiones telefónicas que continúan operando desde centros penitenciarios, donde, según el legislador, internos llegan a montar esquemas similares a centros de llamadas para delinquir.
En este contexto, planteó tipificar como delito el uso indebido de dispositivos electrónicos dentro de los penales, así como castigar a quienes permitan su ingreso.
El morenista sostuvo que la entrada de celulares y otros equipos no ocurre sin complicidad, por lo que la iniciativa también apunta a sancionar a los responsables dentro del sistema penitenciario.
Sanciones a custodios y directivos
Dentro de las modificaciones propuestas al Código Penal, se contemplan castigos de entre 4 y 8 años de prisión para custodios que participen o toleren la introducción de estos dispositivos.
Además, se establece una penalidad más severa para directivos de centros penitenciarios que no garanticen el funcionamiento de los inhibidores de señal o que incluso los desactiven, lo que facilitaría la operación de actividades ilícitas.
En estos casos, las penas irían de 6 a 12 años de cárcel, junto con la inhabilitación para ocupar cargos públicos hasta por una década.
