El coordinador de gabinete estatal, José Luis García, denunció la existencia de una red de corrupción en Puebla en la que estarían involucrados notarios públicos y trabajadores del Poder Judicial para cometer despojos.
El funcionario explicó que, tras diversas quejas ciudadanas, el gobierno estatal detectó irregularidades y ya ha realizado despidos en juzgados y áreas administrativas. Además, señaló que estas prácticas se habrían llevado a cabo en complicidad con titulares de notarías, lo que apunta a una estructura organizada.
Adelantó que en un plazo de 15 días se presentará un informe oficial con el número de funcionarios removidos, las áreas intervenidas y las acciones que se implementarán para combatir estos actos. Este diagnóstico también servirá como base para impulsar reformas en el Congreso de Puebla con el objetivo de fortalecer los mecanismos de control y erradicar la corrupción en el sistema judicial.
El gobierno estatal envió una iniciativa para endurecer las penas por el delito de despojo. La propuesta contempla reformar los artículos 409 y 409 Bis, así como crear el artículo 409 Ter, estableciendo sanciones que van de 6 a 12 años de prisión.
Sin embargo, en casos agravados, las penas podrían incrementarse hasta 20 años de cárcel. Entre las circunstancias que elevarían las sanciones se encuentran cuando el delito sea cometido por cinco o más personas, cuando la víctima sea un adulto mayor, menor de edad, persona con discapacidad o integrante de un pueblo indígena, así como en casos donde participen servidores públicos, se simulen actos de autoridad, se utilicen documentos falsos inscritos en el Registro Público o exista intervención dolosa de notarios públicos.
