Diputadas del PAN y del PRI en el Congreso de Puebla presentaron iniciativas para evitar cualquier intento de suspensión o reducción del calendario escolar, luego de la polémica propuesta federal de adelantar el fin del ciclo por el Mundial de Futbol.
La discusión surgió tras el planteamiento del titular de la SEP federal, Mario Delgado Carrillo, quien sugirió modificar el calendario ante las altas temperaturas y la logística del torneo que México coorganizará en junio.
La propuesta desató críticas de especialistas, docentes y padres de familia, quienes advirtieron que implicaría una reducción ilegal del tiempo efectivo de aprendizaje. Ante la presión, la Secretaría de Educación Pública dio marcha atrás y confirmó que el calendario se mantendrá sin cambios.
En este contexto, la diputada Celia Bonaga Ruiz presentó una iniciativa para adicionar el artículo 74 BIS a la Ley de Educación del Estado de Puebla, con el objetivo de impedir que las autoridades educativas reduzcan, suspendan o modifiquen de manera generalizada el calendario escolar por motivos políticos, deportivos, turísticos, comerciales o de conveniencia administrativa.
La propuesta busca garantizar el cumplimiento íntegro de los 185 días efectivos de clase establecidos en la Ley General de Educación, tanto en instituciones públicas como privadas incorporadas al sistema estatal.
El planteamiento también delimita que únicamente podrán realizarse ajustes en casos extraordinarios como emergencias sanitarias declaradas por la autoridad competente, desastres naturales o fenómenos climatológicos que representen un riesgo real para la comunidad escolar, así como contingencias de seguridad pública debidamente fundadas.
Además, establece que cualquier modificación deberá estar debidamente justificada, contar con sustento técnico y pedagógico, y ser publicada en el Periódico Oficial del Estado.
PRI pide justificación para recortar clases
Por su parte, la diputada Delfina Pozos Vergara propuso reformar el artículo 75 de la misma ley para obligar a la autoridad educativa a rendir cuentas antes y después de cualquier ajuste al calendario.
Su iniciativa plantea que, previo a implementar una modificación extraordinaria, la SEP deberá emitir un dictamen técnico público que incluya la fundamentación del cambio, las causas pedagógicas, sanitarias, climáticas o de protección civil que lo justifiquen, así como un análisis del impacto en el aprendizaje de los estudiantes.
Asimismo, establece que en caso de concretarse una reducción del calendario, la autoridad educativa estará obligada a implementar medidas compensatorias como programas de regularización, herramientas de acompañamiento para estudiantes en rezago y estrategias de coordinación con los centros educativos para garantizar que ningún contenido quede sin cubrirse.
