El conflicto político y de seguridad que rodea al municipio de Acatlán de Osorio escaló luego de que el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, señalara que la exalcaldesa Lupita Bárcenas presuntamente mantenía vínculos con grupos de la delincuencia organizada.
Durante una actividad pública, el mandatario sostuvo que su gobierno había advertido a autoridades de Puebla sobre la supuesta relación de la entonces presidenta municipal con hechos delictivos registrados en la zona. Entre los casos mencionó robos de mercancía y extorsiones contra transportistas que circulan por la carretera hacia Huajuapan de León y Tlaxcala.
Las acusaciones ocurren después de que el Congreso de Puebla disolvió el Ayuntamiento de Acatlán el pasado 12 de septiembre y estableció un Concejo Municipal, luego de una serie de señalamientos de regidores relacionados con presuntos abusos de autoridad, cobros indebidos y anomalías en obras públicas.
Bárcenas rechazó públicamente las acusaciones y sostuvo que, durante su administración, la seguridad municipal estuvo a cargo de un elemento de la Marina.
La exalcaldesa también ha afirmado que fue víctima de amenazas de muerte y de un ataque con un artefacto explosivo en su domicilio, además de responsabilizar a integrantes del grupo conocido como “Los Rojos” de las agresiones en su contra.
Ante los señalamientos, el diputado morenista Julio Huerta Gómez pidió que la Fiscalía General del Estado investigue las declaraciones realizadas por el gobernador oaxaqueño.
En tanto, legisladores del PAN y PRI también solicitaron esclarecer los posibles vínculos con la delincuencia, mientras que el presidente del Congreso de Puebla, Pavel Gaspar Ramírez, evitó fijar una postura y señaló que corresponderá a la Fiscalía determinar si existe una investigación.
