El coordinador general de gabinete del gobierno de Puebla, José Luis García Parra, arremetió contra el Partido Acción Nacional (PAN) al responsabilizarlo de las consecuencias que pueda generar la eliminación de la figura de ciberasedio, especialmente en casos que involucren a niñas y niños.
La declaración se dio luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara inconstitucional el artículo 480 del Código Penal del estado por considerar que su redacción era ambigua, lo que dejó sin efecto dicha disposición.
Desde el Congreso del Estado, José Luis García Parra advirtió que la decisión tendrá implicaciones en materia de violencia digital y lanzó un señalamiento directo contra la oposición.
“Hoy quedará en la conciencia del PAN si alguna niña o niño en Puebla, después de sufrir violencia digital, toma decisiones en contra de su persona”, expresó.
El funcionario sostuvo que el PAN bloqueó la iniciativa de ciberseguridad bajo el argumento de que el ciberacoso ya estaba regulado, pero aseguró que los legisladores ignoraron la diferencia entre ambas figuras.
Explicó que el ciberacoso tiene una connotación sexual y ya cuenta con legislación, mientras que el ciberasedio abarca conductas como la violencia digital, la difamación y la calumnia, las cuales, dijo, no estaban contempladas en la ley.
Asimismo, rechazó las críticas de la oposición que señalaban que la iniciativa podría funcionar como un mecanismo de protección para funcionarios públicos.
Afirmó que el objetivo de la propuesta era brindar herramientas legales para proteger a menores de edad frente a agresiones en entornos digitales.
José Luis García Parra recordó que esta iniciativa fue presentada en 2024, cuando se desempeñaba como diputado local, y defendió sus alcances al asegurar que la estrategia en materia de ciberseguridad ya ha dado resultados.
Señaló que la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Policía Cibernética, ha logrado evitar pérdidas por más de 20 millones de pesos derivadas de fraudes digitales.
Finalmente, insistió en que la postura del PAN responde a una estrategia política basada en ataques y desinformación en redes sociales, en medio de un debate que se mantiene abierto sobre la regulación de la violencia digital en Puebla.