La muerte de un menor de cinco años en la capital poblana detonó una propuesta en el Congreso del estado para castigar con penas de hasta 12 años de prisión a quienes, por descuido o abandono, pongan en riesgo la vida de niñas y niños o provoquen su fallecimiento.
La iniciativa fue presentada por la diputada de Morena, Elisa Limón Balderrabano, quien planteó incorporar al Código Penal el delito de “omisión de cuidados”, con el objetivo de sancionar la negligencia grave de padres, tutores o cualquier persona responsable de un menor.
El planteamiento surge tras un caso ocurrido el pasado 25 de abril en la colonia La Libertad, donde un niño de cinco años murió al caer desde un inmueble. Por estos hechos fue detenida su madre, Jairy Yazbek, de 26 años, quien posteriormente fue vinculada a proceso por un juez bajo el delito de homicidio en razón de parentesco.
De acuerdo con las investigaciones, el menor se encontraba solo en el domicilio al momento del accidente, luego de que su madre saliera por varias horas. En ese lapso, el niño cayó desde una ventana, lo que derivó en su muerte.
Actualmente, la legislación estatal no contempla una figura específica para castigar la negligencia en el cuidado de personas vulnerables, por lo que estos casos deben encuadrarse en delitos como homicidio culposo o violencia familiar, pese a que dichas tipificaciones no están diseñadas para sancionar omisiones.
La propuesta busca llenar ese vacío legal al establecer que incurre en omisión de cuidados quien, teniendo la responsabilidad de resguardar a un menor o a una persona incapaz de valerse por sí misma, la abandone, la deje sin supervisión o la exponga a un riesgo grave para su integridad, salud o vida.
El nuevo tipo penal abarcaría no solo a padres, sino también a tutores, familiares con custodia, cuidadores y cualquier persona que asuma esa obligación, ya sea por vínculo legal o de hecho.
En cuanto a las sanciones, el proyecto contempla penas que van de los dos a los seis años de prisión, además de multas económicas. No obstante, estas podrían incrementarse cuando la víctima sea menor de 12 años, tenga alguna discapacidad o cuando la conducta implique un riesgo mayor, lo que elevaría la pena hasta nueve años.
En los casos más graves, cuando la omisión derive en la muerte del menor, se aplicaría un castigo equiparable al homicidio culposo con agravantes, lo que permitiría imponer hasta 12 años de cárcel.
Además de las penas privativas de la libertad, la iniciativa también abre la puerta a que jueces determinen la suspensión o pérdida de derechos como la patria potestad, la custodia o la tutela, dependiendo de la gravedad del caso.
