🔹 De empresario altruista a víctima del crimen organizado
El hallazgo de una cabeza abandonada frente al Santuario de Nuestra Señora de los Dolores en Acatzingo estremeció a Puebla el pasado fin de semana. La víctima fue identificada como Julio Torres, un hombre de 30 años originario de Tecamachalco, conocido por su estilo de vida ostentoso y, al mismo tiempo, por sus aportaciones altruistas en la región.
La historia, sin embargo, tenía un lado oscuro: Julio estuvo detenido en 2021 junto a su esposa, Guadalupe Saharait M., alias “La Sara”, por posesión de droga y dinero en efectivo. Ambos viajaban en un Chevrolet Camaro amarillo cuando agentes estatales los aseguraron sobre la carretera Tecamachalco–Quecholac.
🔹 Los vínculos con el robo de carga
Según la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla (SSP), la pareja no solo se dedicaba a la distribución de drogas; también estaba relacionada con el robo de transporte de carga y vehículos, delitos que han marcado a esta zona del estado.
De acuerdo con versiones extraoficiales, el asesinato de Julio habría sido un ajuste de cuentas entre grupos criminales. El mensaje hallado junto a su cabeza fue contundente: “Esto te pasó por no pagar cuota de protección”.
🔹 La doble vida de Julio Torres
Mientras en las calles era señalado por presuntos vínculos con el crimen, en lo público Julio aparecía como un empresario generoso. Era dueño de la empresa Cartotec, dedicada a la producción de cartón, patrocinó festivales escolares y en 2022 recibió un reconocimiento del DIF municipal de Tecamachalco, durante la gestión de Nacho Mier Jr., por sus donaciones al Taller de Ceguera y Artes Creativas.
Con vehículos de lujo, relojes, caballos y viajes, su imagen proyectaba poder. Pero detrás de la fachada, según la SSP, había negocios ligados al crimen organizado.
🔹 Un reflejo de la violencia en Puebla
El vicealmirante Francisco Sánchez, titular de la SSP, confirmó que se trata de un crimen perpetrado por un grupo criminal, aunque evitó dar nombres. La investigación quedó en manos de la Fiscalía General del Estado (FGE) para esclarecer el trasfondo del asesinato.
Este caso muestra la delgada línea entre la prosperidad aparente y los riesgos de un entorno donde los negocios legales se mezclan con los ilícitos. Una realidad que golpea a regiones como Tecamachalco y Acatzingo, donde la violencia se ha vuelto parte del paisaje cotidiano.
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