La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigar el presunto desfalco de 14 mil millones de pesos en la Fundación Mary Street Jenkins, con sede en Puebla.
Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre las acusaciones que rodean a la organización filantrópica, señalada desde hace varios años por presunto fraude fiscal y desvío de recursos.
“Sí, por supuesto que pedimos a la UIF que lo revise”, declaró Sheinbaum Pardo al ser consultada por reporteros.
El millonario desfalco de la Fundación Jenkins
La fortuna de la Fundación Jenkins está valuada en cerca de 720 millones de dólares, equivalentes a unos 14 mil millones de pesos.
De acuerdo con las investigaciones, ese dinero habría sido transferido ilegalmente al extranjero por integrantes de la propia familia Jenkins, con apoyo de abogados que también se encuentran prófugos de la justicia mexicana.
El origen del fraude se remonta a junio de 2013, cuando los hermanos Jenkins de Landa decidieron sacar del consejo a Guillermo Jenkins, quien se oponía a que los fondos fueran utilizados para fines personales.
El dinero de la fundación salió de México
En 2014, la Fundación Mary Street Jenkins donó 720 millones de pesos a una nueva organización llamada Fundación Bienestar para la Filantropía, que posteriormente sacó el dinero del país y lo trasladó a Barbados.
En aquel entonces, el presidente de la fundación era Guillermo Jenkins Anstead, acompañado de su esposa Sofía de Landa, sus hijos Juan Guillermo Eustace, Roberto, María Elodia, Margarita y Juan Carlos Jenkins de Landa, así como Manuel Mestre Martínez.
Un año después, en noviembre de 2015, el abogado Alejandro González Muñoz, entonces jurídico de la Fundación, contrató a Virgilio Rincón Salas y Carlos Román Hernández, quienes firmaron como apoderados legales para concretar la donación total del patrimonio hacia la Fundación Bienestar para la Filantropía.
Durante el gobierno estatal de Miguel Barbosa explotó el caso y se desconoció a la Fundación Jenkins, por lo que perdieron el control de la UDLAP. Sin embargo, al final fueron restituidos.
