La Auditoría Superior del Estado (ASE) de Puebla detectó anomalías por 261 millones de pesos en contratos realizados durante el último año de gestión de Eduardo Rivera Pérez al frente del Ayuntamiento de Puebla, correspondientes a la cuenta pública de 2023.
Los señalamientos incluyen falta de documentación, ausencia de entregables, proveedores sin experiencia e incluso contratos sin la carta de no inhabilitación requerida para participar en procedimientos públicos.
Uno de los montos más altos observados fue de 101.7 millones de pesos, por servicios de “difusión de mensajes gubernamentales”, “contenido para internet” y “servicios profesionales”, sin que se haya entregado documentación que justifique los pagos.
Además, la ASE cuestionó el gasto de 365 mil 400 pesos por el Segundo Informe de Buenos Resultados, al no existir evidencia fotográfica ni constancia de entrega del material contratado.
Entre otros casos relevantes:
- 5.9 millones de pesos por el mantenimiento de fuentes sin desgloses de precios ni experiencia acreditada por parte del proveedor.
- 22.2 millones de pesos por servicios de mantenimiento de áreas permeables, también sin documentación comprobatoria ni precios unitarios.
- 8.3 millones de pesos por adquisición de materiales de oficina sin sustento documental.
- 2.3 millones de pesos por el arrendamiento de maquinaria pesada para Movilidad e Infraestructura, sin evidencia de entregables.
- 243 mil pesos por fumigaciones en inmuebles municipales, sin documentación que lo avale.
En el rubro ambiental, la ASE también detectó un gasto de 23.4 millones de pesos sin análisis técnico para servicios como plantación de árboles, tratamientos fitosanitarios, dictaminaciones arbóreas y conservación de áreas naturales protegidas.
Otros contratos cuestionados incluyen:
- 21.2 millones de pesos por asistencia técnica y respaldo de datos, con un proveedor que no presentó carta de no inhabilitado.
- 10.7 millones de pesos por renovación de licenciamiento digital, sin entregables presentados.
- 11.4 millones de pesos por fiestas decembrinas, con discrepancias en el número de asistentes.
- 13 millones de pesos por un sistema de archivos institucional, cuyo proveedor dio un domicilio fiscal distinto al reportado.
- 13 millones de pesos por la adquisición de dispositivos móviles para la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sin documentación comprobatoria.
- 26.9 millones de pesos destinados al programa “Créditos Contigo”, donde los beneficiarios no acreditaron su elegibilidad para acceder a los microcréditos.
