Erika de la Vega denunció que Eduardo Alcantara le propuso tener encuentros sexuales o que le pagara 1.5 millones de pesos para postularla.
El Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) ordenó inscribir al diputado local del PAN tres años en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género por el caso en contra de Erika de la Vega.
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En sesión del pleno, los magistrados electorales determinaron sancionar al ex asesor del PAN, pues en la elección de 2021 presionó a la aspirante a la alcaldía de San Pedro Cholula.
Erika de la Vega denunció que Eduardo Alcantara le propuso tener encuentros sexuales o que le pagara 1.5 millones de pesos para postularla.
Esta sentencia se dio después de que la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó que el diputado local del PAN, Eduardo Alcántara Montiel cometió violencia política de género en contra de Erika de la Vega, y que Genoveva Huerta en su carácter de presidenta estatal fue omisa.
En entrevista con el Incorrecto, De la Vega Gutiérrez explicó que Genoveva Huerta también deberá pedir disculpas públicas por permitir y no sancionar a Alcántara durante su gestión al frente del PAN, según con el fallo del Tribunal Electoral de Puebla.
También adelantó que con esta determinación del TEEP continuará con sus denuncias de tipo penal en contra del dilatado local y de la diputada federal, pues con esto acumula otra prueba a su favor.
Por ello, el TEEP determinó inscribir tres años a Eduardo Alcantara y obligarlo a solicitar una disociemos pública.
“Se propone imponer al denunciado una amonestación pública, y solicitar su inscripción en los Registros de personas sancionadas, durante el plazo de tres años; de igual forma, se propone el dictado de medidas de reparación y de no repetición, consistentes en una disculpa pública, la acreditación de los denunciados, en un curso, taller o conferencia que tenga por objeto la sensibilización en género, masculinidad, prevención de la violencia de género, o similares; impartido por una institución pública avalada para ello; así mismo se propone ordenar la continuidad de las medidas de protección otorgadas por la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del Estado”.
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