Por: Esteban López / @Estevanz01
Con la llegada al gobierno de Miguel Barbosa Huerta tras la muerte de Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle, al menos ocho políticos tuvieron que ampararse para evitar la cárcel por corrupción.
En la lista se encuentran Ignacio Alvizar Linares, la dirigente estatal del PAN, Genoveva Huerta; el diputado José Juan Espinosa Torres; así como el exsecretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas; y Darío Carmona.
También tienen un amparo Xavier Albizuri y Francisco Zúñiga ex secretarios de Infraestructura y de Obras cuando Antonio Gali fue gobernador y alcalde de Puebla.
El rector de la BUAP, Alfonso Esparza también solicitó un amparo luego de que se ventilara las irregularidades en la venta de los Lobos y la construcción de la Torres de Rectoría, sin embargo, un juez se lo negó.
Títulos patito, estructura Maya y desvío de recursos los motivos para que se ampararan
Ignacio Alvizar y Dario Carmona tuvieron que ampararse ante una posible orden de aprehensión, pues durante su paso por la Secretaría de Educación Público (SEP), fueron entregados de manera irregular títulos patito a funcionarios morenovallistas, también la entrega de Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOES).
En el caso de Genoveva Huerta, se amparó por ser una de las involucradas en la Estructura Maya, encabezada por Eukid Castañón, en la que se desviaron recursos para campañas políticas.
José Juan Espinosa tuvo que recurrir al aparo pues la Auditoría Superior del Estado (ASE), detectó un posible desvío de 108 millones de pesos durante su gestión como alcalde de San Pedro Cholula.
Facundo Rosas fue uno de los ex funcionarios morenovallistas responsable del violento operativo de desalojo de habitantes de Chalchihuapan y en donde resultó herido de muerte el pequeño José Luis Tehuatlie Tamayo.
Al respecto, Miguel Barbosa advirtió que iniciaría una investigación contra Facundo Rosas por su participación en el caso Chalchihuapan.
En el caso de Xavier Albizuri, el actual secretario de Infraestructura, Juan Daniel Gámez Murillo reveló que iniciaron una investigación contra sus antecesores por obras que se cobraron, pero no se ejecutaron en los gobiernos de Moreno Valle y Gali.
