El Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla hizo un llamado a los poblanos que tienen negocios informales para regularizarse en su pago de impuestos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Ya que al detectar dichas anomalías, pueden ser acusados de lavado de dinero y tener sanciones como el embargo, multas impagables e incluso, ir a prisión.
En rueda de prensa, José Luis Rodríguez Porras, integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, reveló que el 25 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), proviene de manera informal, es decir, de personas que no contribuyen al gasto público.
Por lo que exhortó a los poblanos a declarar sus impuestos e ingresos, ya que las multas son millonarias, podrían perder su patrimonio, y la autoridad, hará un ajuste en el monto total de la sanción económica, tomando en cuenta todos los años de omisión.
«Prisión de tres meses a dos años a quien no exceda de 2 millones 236 mil 480, prisión de 2 años a 5 años, a quien exceda de la cifra anterior, pero no de 3 millones 334 mil 710, y prisión de 3 a 9 años, cuando el monto a defraudar sea mayor a los de 3 millones 334 mil 710 pesos», dijo.
Josefina Morales Guerrero, Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF), reveló que en 2023 se presentaron seis denuncias contra 222 personas en el estado de Puebla por el presunto delito de lavado de dinero. El monto superó los 300 millones de pesos.
Carlos Ramírez Sánchez, titular de esta agrupación, dijo que las autoridades fiscales tienen en la mira toda actividad financiera a través de la banca, notarias públicas o de la actividad de las propias empresas.
Piden que el nombramiento del titular de la ASE, sea sin tintes políticos
Los integrantes del Colegio de Contadores, pidieron que el nombramiento del próximo titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), no esté sujeto al Poder Ejecutivo Local, ya que, a su decir, esta elección debe contar con independencia, donde lo técnico pese más que lo político.
«Tiene que ser un administrador o contador públicos, y que su designación no dependa del gobernador. Sabemos que no depende del gobernador, sino de un Poder Legislativo, y seguramente el gobernador electo, así lo tiene considerado», finalizó, Ramírez Sánchez.
