Crónica del Inframundo

Por: Antonio Hidalgo / @AntonioRHidalgo

Entre las ejecuciones, los feminicidios, la trata y otros delitos

«Día de los desaparecidos»

30 de agosto

Desaparecidos los muertos sin tumba, las tumbas sin nombre.
Y también:
los bosques nativos,
las estrellas en la noche de las ciudades,
el aroma de las flores,
el sabor de las frutas,
las cartas escritas a mano,
los viejos cafés donde había tiempo para perder el tiempo,
el futbol de la calle,
el derecho a caminar,
el derecho a respirar,
los empleos seguros,
las jubilaciones seguras,
las casas sin rejas,
las puertas sin cerradura,
el sentido comunitario
y el sentido común.

Eduardo Galeano

Introducción

En México, el problema de la desaparición de personas  no es nuevo, y en su análisis más antiguo, se pudiera remontar al periodo comprendido entre 1964 – 1968, denominado: “La Guerra Sucia”, en el cual, el Estado Mexicano adoptó una serie de medidas de represión político – militar que tenían como objetivo erradicar grupos de disidencia u oposición que mantenían una afrenta directa contra los grupos de poder de aquella época, esto no solo se en el marco del territorio nacional, sino evidenció el actuar de diversas dictaduras alrededor del mundo; la persecución -particularmente- por razones étnico-políticas, marcaron claramente el actuar represivo de los gobiernos en ese tramo histórico, donde las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales marcaron un hito sobre la violencia del Estado, ejercida para limitar derechos y movimientos de reivindicación, México aunque no se veía de cara al exterior como una junta militar, presentaba las mismas prácticas de violación sistemática a los derechos humanos bajo la configuración de un Estado muy parecido al totalitario.

Hoy en día, aparte del tipo de persecución vinculada al ejercicio indebido de poder público, existen fenómenos donde la desaparición de personas presentan otras modalidades del actuar delincuencial con participación estatal o sin ella, siendo Ciudad Juárez en el Estado de Chihuahua, en los años noventa, el foco rojo más emblemático de la desaparición, pero en esta ocasión de mujeres, hecho asociado a su posterior asesinato, lo que generó la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el caso González y otras (Campo Algodonero) que a solicitud de familiares de las víctimas interpusieron una demanda contra el Estado Mexicano por graves falencias durante el proceso de investigación; por primera vez en México la omisión del actuar diligente del Estado enmarcó un camino sin retorno, para verse obligado a vislumbrar  por medio de diferentes mecanismos, la participación y omisión de las autoridades en hechos donde se dieran graves violaciones a derechos humanos.

Las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez son un referente emblemático sobre una nueva etapa en la investigación, por una parte, de lo que más tarde sería tipificado como feminicidio, pero también de lo que respecta a la desaparición de personas; es importante señalar que las desapariciones comprenden una sistematicidad, cuando su número se masifica, no se trata de hechos casuales, sino que pueden comprender un complejo entramado sociopolítico con específicas características contextuales, es decir, ligadas a los acontecimientos socio históricos y comunitarios del momento.

Si bien en los años 90 las desapariciones no eran generalizadas en todo el territorio y mantenían focos rojos constantes en ciertas entidades, es a partir de 2006, con la llamada: “guerra contra el narcotráfico”, producto de una improvisada y cuestionada estrategia de seguridad de Felipe Calderón Hinojosa, que el aumento de las desapariciones tomó un curso extraordinario y generalizado.

2007 marcó la pauta para que en todo el territorio nacional se empezara a observar una crisis en materia de seguridad, que comenzó a manifestarse de manera constante y con un alza apabullante en las cifras -particularmente- de personas asesinadas y desaparecidas, vislumbrando así, un patrón sistemático y repetitivo dentro de un entramado sociopolítico, donde ya no solo se trataba de contextos determinados, sino en la mayor parte del país; lo que a todas luces indicaba que los casos no eran eventos aislados de personas que voluntariamente desaparecían sin dejar ningún registro, sino que los hechos estaban íntimamente vinculados al espiral de violencia que mantenían los diversos grupos de la delincuencia organizada y sus facciones, que comenzaban a hacerse del control donde era evidente un vacío o incapacidad de respuesta del Estado Mexicano, o donde había manifiesta una clara colusión entre el crimen organizado y autoridades de diferentes niveles y ordenes de gobierno, hechos que al día de hoy están siendo investigados y mantienen al Secretario de Seguridad Pública Federal -de aquel periodo presidencial- en una corte en Estados Unidos de Norteamérica por su probable vinculación, participación y protección al Cártel de Sinaloa.

El periodo que anteriormente se describió, en que las desapariciones ya no solo estaban asociadas a conflictos comunitarios, políticos o rivalidad entre bandas de la delincuencia organizada, sino en el que se empezó a observar que personas sin conexión directa a actividades ilícitas, eran asesinadas o desaparecían sin aparente relación, personas a los que Felipe Calderón Hinojosa llamó: “daños colaterales”. En los últimos 13 años la desaparición de personas se ha generalizado a nivel nacional; cada estado tiene sus cifras, como: Estado de México, Guanajuato, Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz, Puebla entre otros, se ha tenido un incremento exponencial a partir de 2006.

Analizar la relación que puede existir entre diferentes tipo de violencias, y comprender que en la actualidad las desapariciones, que no solo pueden manifestarse por la actividad política o por la colusión en actividades delictivas ligadas al tráfico de drogas, sino por una serie de fenómenos multicausales; en el caso particular de mujeres y niñas, su desaparición pudiera tener una íntima relación, con delitos como: el feminicidio, el secuestro y/o con cualquier modalidad de trata; sus diferentes vías de relación contextual, así como hechos donde pueda darse la participación o aquiescencia de estructuras del Estado, justo como ha ocurrido en el pasado, en el qué de manera reiterativa se manifestaron casos de desaparición forzada, debido a que miembros del Estado Mexicano en contubernio con grupos de la delincuencia organizada fueron señalados por tener responsabilidad en violaciones graves a los derechos humanos para perpetuar atrocidades, tal y como lo refieren expertos de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, quienes señalan: “que el Estado Mexicano es responsable de desaparición forzada con participación de Autoridades Estatales supuestamente vinculadas a grupos del crimen organizado”.

Al respecto “Human Rights Watch”, ha documentado casi 250 desapariciones que se han producido desde 2007. En más de 140 de esos casos, las evidencias sugieren que se trató de desapariciones forzadas, es decir, participaron en ellas actores estatales en forma directa, o bien indirecta, mediante su colaboración o aquiescencia. Estos delitos han sido cometidos por miembros de todas las fuerzas de seguridad que intervienen en operativos de seguridad pública, en ocasiones conjuntamente con la delincuencia organizada”.

Ante la crisis en materia de seguridad que progresó exponencialmente durante los primeros años del periodo de gobierno federal, 2006 – 2012, y que ha 2020 no ha presentado una significativa recuperación, el Estado Mexicano evidenció una profunda ineficacia para poder recabar información relacionada con hechos de violencia, investigar de forma diligente, sistematizar de manera apropiada todo dato vinculado a victimarios y víctimas, así como han sido evidentes las falencias para poder garantizar el acceso a la justicia, localización o identificación de personas desaparecidas o de personas sin identificar localizadas en fosas clandestinas o llegar a la verdad histórica de diferentes hechos delictivos, tal es el caso emblemático de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, del llamado caso Ayotzinapa, durante los primeros meses de gobierno de Enrique Peña Nieto.

Al año 2018, el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED)[1] relacionadas con el fuero común sumó un total de 36 mil 265 personas desaparecidas, en razón a las desapariciones relacionadas con fuero federal, se cuenta con un registro de 1170 personas que permanecen sin poder ser localizadas, lo que en suma, da un total histórico de 37 mil 435 personas que a la fecha del corte correspondiente no se cuenta con ningún dato o registro para que puedan ser localizadas.

Con los anteriores datos, resulta evidente que lo que parecía ser un problema de personas que simplemente “no podían ser localizadas”, en realidad se trataba de una crisis humanitaria que enluta a miles de familias mexicanas, el Comité de Desapariciones de Naciones Unidas indicó “que la información recibida (…) ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado parte”.

Esta crisis en apariencia  ya no puede ser ocultada por ninguna administración es un problema heredado que no fenece ni cierra un estadístico con un cambio de gobierno, las victimas no se rebobinan con los nuevos regímenes, las  cifras en realidad son personas con nombre, de las cuales no se supo más, pero que sus probables perpetradores puede seguir inclusive en las altas esferas del Poder.

La cifra arrojada en el primer informe de actividades de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) en 2019, reportó un registro histórico de 40,180 desaparecidas y desaparecidos en todo el país, cabe mencionar que aunque uno de los ejes centrales para lograr consolidar una base de datos con las condiciones mínimas de confiabilidad se basó en los registros Centro de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia Organizada (CENAPI) de la ahora Fiscalía General de la República (FGR) de la cual derivó el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) encargada de recopilar todo datos que emanan de las fuentes oficiales, como son las diferentes procuradurías o fiscalías de los Estados de la República Mexicana. Cabe mencionar que al día de hoy es el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED)  ha sido severamente cuestionado por organizaciones internacionales y nacionales, es por ello que se está gestionado una reestructuración a nivel nacional, que impacte en los gobiernos locales, con el fin de hacer más eficiente el registro de datos, su procesamiento, los mecanismo de búsqueda e investigación.

Los últimos datos aportados por la Secretaría de Gobernación el 06 de enero de 2020, con datos recabados por la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, de 1964 a la fecha,  cuenta con un reporte de 61 mil 637 personas desaparecidas o no localizadas, y 85 mil 396 localizadas, lo que da un total del 147 mil 33 personas.

En el mismo, también se han presentado datos sobre fosas clandestinas localizadas a más de 13 meses de búsqueda; en 519 sitios han sido localizadas 873 fosas clandestinas y se han exhumado, mil 124 cadáveres, de los que han sido identificados 395 y de ellos 243 han sido entregados a sus familiares. Sin embargo aún se mantiene un gran abismo de información sobre el paradero de personas que desaparecieron sin dejar rastro aparente. Es precisamente urgente un análisis de contexto en que cada región del país, para desentramar ese nudo que muy probablemente ensanche la cifras de personas asesinadas desde el 2006 a la fecha.

El esfuerzo actual no se ha limitado a las acciones emprendidas por Estado Mexicano, sino también ha tenido diferentes confluencias, en que diversas organizaciones de la sociedad civil,  han fungido como ariete debido a las diversas inconsistencias, tanto para el registro de personas extraviadas o desaparecidas, así como para la sistematización de la información, la investigación, la debida diligencia en el registro forense de personas no identificadas o las diferentes omisiones que han dado como consecuencia la pérdida de datos trascendentes para la búsqueda e identificación de personas reportadas como desaparecidas. Cabe señalar que las autoridades de diversos estados de la República se mantienen renuentes para compartir información que tienen en su poder para lograr identificar personas que fueron localizadas muertas y se encuentren sin identificar en alguna fosa común o anfiteatro de sus localidades.

Por infortunio las actividades de las diferentes comisiones de Búsqueda han visto mermado su trabajo y funcionalidad, como consecuencia de la pandemia de SAARS-COVID-19, que azota a gran parte del mundo y que en México ha cobrado miles de muertos. La búsqueda de personas desaparecidas, por su gravedad, debe ser impuesta como una actividad prioritaria, el sufrimiento de las víctimas no tiene pausa.

En la siguiente tabla se muestra tan solo el ejemplo de una entidad, Puebla; si se hiciera un análisis sobre cada entidad y cada localidad, esto arrojaría datos que darían una idea sobre la sistematicidad que mantiene el número de personas desaparecidas y los hechos ocurridos en un periodo histórico en dichos lugares.

La tabla presentada anteriormente, muestra en números la gravedad del fenómeno, el reto que el Gobierno del Estado Puebla tiene para poder dar certeza jurídica, acceso a la justicia, dignificación a la memoria de las víctimas directas o indirectas y el compromiso de no repetición de omisiones y hechos vinculados a la desaparición de personas, es una tarea a asumirse con toda la seriedad y responsabilidad.

Por el momento, haciendo referencia tan solo al municipio de Puebla, la primera información extraída de la organización de la sociedad civil Data Cívica, en suma con RENPED, conformaron una base de datos con 31, 968 desaparecidos registrados hasta el 2018, en el que la capital del Estado representa lo siguientes datos:

Entre las desapariciones encontradas hasta 2018 se tiene un histórico de 970, pero ya en el último registro hasta marzo de 2019 se tiene una suma de 1036 casos en el municipio de Puebla, sin que hasta el momento exista certeza en esta información.

Aunque el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) es una fuente de origen oficial que: “integra los datos de personas no localizadas obtenidos a partir de las denuncias presentadas ante la autoridad ministerial correspondiente. Este registro incluye únicamente a las personas que a la fecha de corte, permanecen sin localizarse”, cabe recalcar que las graves falencias que el Estado Mexicano ha mantenido durante el proceso de registro, búsqueda e investigación de personas desaparecidas, no garantiza alta confiablidad en el registro de datos, si bien se ha trabajado para su reestructuración aún no han concluido todos los cambios que se requieren.

Como se señaló anteriormente, tan solo en la capital del Estado, que es el municipio que cuenta con el mayor número de personas desaparecidas, y que en este apartado se trata tan solo de dar un esbozo sobre el reporte de personas desaparecidas para ejemplicar la grave problemática, cada entidad posee su singularidad.

Recientemente con el cambio de Gobierno de la República que comprenderá el periodo 2018-2024 se busca hacer una reestructuración con respecto al tema de desaparición de personas, en el que se pueda garantizar mecanismos mínimos de búsqueda que se expresen en la Ley General de Personas Desaparecidas, a fin de que la Comisión Nacional de Búsqueda pueda generar políticas públicas nacionales en materia de sistematización, registro investigación, para lograr priorizar la búsqueda de personas con presunción de vida aún a pesar del tiempo transcurrido o de las circunstancias del sobre el hecho, en que también pueda darse transversalidad a los enfoques de perspectiva de género y derechos humanos.

Los Comités Estatales de Búsqueda de Personas Desaparecidas, tiene como tarea fundamental la suma de esfuerzos interinstitucionales e interdisciplinarios para que cada quien desde el ámbito de sus competencias  pueda generar instrumentos, ya sea de regulación en los procesos,  de diagnóstico, sistematización o en su caso de investigación diligente, para encontrar con vida a aquellas personas que han sido reportadas como desaparecidas, o en su caso conocer la ubicación de lugares donde puedan encontrarse fosas clandestinas y/o cadáveres para ser identificados y posteriormente entregados a sus familiares, y con ello dignificar la memoria de las víctimas y generar mecanismos de acceso a la justicia, rescate de la memoria o en el caso de que se considerara, la reparación del daño. La justicia restaurativa pudiera ser una tarea prioritaria para los años venideros, por ahora es una asignatura pendiente.

Trabajos citados

Instituto Nacional de las Mujeres. (19 de 10 de 2018). gob.mx un gobierno conectado con la gente. Recuperado el 30 de 01 de 2019, de gob.mx un gobierno conectado con la gente: https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-80739.

Lagarde y de los Ríos, M. (1996). Identidad de género y derechos humanos. San José: Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

Lagarde y de los Ríos, M. (s.f.). Catedra UNESCO derechos. Obtenido de El Derecho Humano de las mujeres a una vida libre de violencia.

(2016). Organización mundial de la Salud. En J. C. López, Prevención de la Violencia y la Delincuencia, un enfoque multidisciplinario (pág. 9). México: Fundación Axio.

Naciones Unidas Derechos Humanos, Oficina del Alto Comisionado. (Agosto de 2019). Derechos Humanos Naciones Unidas. Obtenido de Derechos Humanos Naciones Unidas: https://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=1304:el-estado-mexicano-es-responsable-de-desaparicion-forzada-con-participacion-de-autoridades-estatales-supuestamente-vinculadas-a-grupos-de-crimen-organizado-dicen-expertos-en-derechos-humano.

Oficina Regional para América del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). (2013). Modelo de protocolo latinoamericano de Investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de Género (femicidio/feminicidio). Panamá: Diseños e Impresiones Jeicos.

Padgett, H. (2014). Las muertas del Estado: Feminicidios durante el gobierno mexiquense de Peña Nieto. México: Grijalvo.

Corte I.D.H., Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo,Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154. López, Oscar. 1986. Derecho Internacional y Crímenes contra la Humanidad. Montevideo: Asociación Americana de Juristas, Rama Uruguaya, Fundación de Cultura Universitaria.

Asamblea General de las Naciones Unidas, Declaración sobre la eliminación de la Violencia contra la Mujer, Resolución 48/104 del 20 de noviembre de 1993, A/RES/48/104, artículo 1. La convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención Belém do Pará”) adoptada el 9 de junio de 1994, por la organización de los Estados Americanos (OEA).

Peter. Lupsha. 1996. Transnational Organized Crime versus he Nation State, transnational organized crime, vol. 2, No. 1, pp.21 -48

Acosta, Juana y  Álvarez, Lina.  2011. Las líneas lógicas de investigación: Una contribución del Sistema Interamericano de Derechos Humanos al juzgamiento de los crímenes de sistema en marcos de justicia transicional. 18 International Law, Revista Colombiana de Derecho Internacional.

Zaffaroni, Raúl. 2011. El crimen de Estado como objeto de la Criminología. México: Biblioteca Jurídica virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Landa, Jon-Mirena. 2004. El nuevo crimen de lesa humanidad (art. 607 bis CP 1995): Una primera aproximación. País Vasco: Revista Penal 14.

Parra, Oscar. 2012. La jurisprudencia de la Corte Interamericana respecto a la lucha contra la impunidad: algunos avances y debates. Italia: Revista Jurídica de la Universidad de Palermo. Palermo.

López, Diego. 2010. Recomendaciones para la elaboración de estrategias de priorización de casos en el marco de la ley de justicia y paz. International law, Bogotá: Revista Colombiana de Derecho Internacional.

Vargas. Jenniffer. 2012.  La represión política es apenas una de las expresiones de la criminalidad de Estado: Entrevista a Iván Cepeda Castro. Colombia: Revista de análisis político No. 76. Bogotá.

Taboada, Francisco. & Schneider, Jan. 2010 Sentencia en el caso  Mampuján en Colombia: en deuda con las víctimas. Bogotá: Revista: Pensamiento Jurídico No. 29, Colombia.

[1]La información sobre la base de datos puede ser consultada en la siguiente dirección https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/registro-nacional-de-datos-de-personas-extraviadas-o-desaparecidas-rnped

[2]Esta tabla corresponde a las desapariciones relacionas con el fuero común, misma que fue obtenida de la página del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas misma que se puede consultar en la siguiente página web https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/registro-nacional-de-datos-de-personas-extraviadas-o-desaparecidas-rnped

[3]Esta tabla corresponde a las desapariciones relacionas con el fuero federal, misma que fue obtenida de la página del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas misma que se puede consultar en la siguiente página web https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/registro-nacional-de-datos-de-personas-extraviadas-o-desaparecidas-rnped

[4]Esta gráfica corresponde al total de desapariciones relacionas con el fuero local por entidad federativa, misma que fue obtenida de la página del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas misma que se puede consultar en la siguiente página web https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/registro-nacional-de-datos-de-personas-extraviadas-o-desaparecidas-rnped

[5]Esta gráfica corresponde al total de desapariciones relacionas con el fuero federal por entidad federativa, misma que fue obtenida de la página del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas misma que se puede consultar en la siguiente página web https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/registro-nacional-de-datos-de-personas-extraviadas-o-desaparecidas-rnped

[6]Esta tabla corresponde al total personas no localizadas a nivel nacional por rango de edad, misma que fue obtenida de la página del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas misma que se puede consultar en la siguiente página web https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/registro-nacional-de-datos-de-personas-extraviadas-o-desaparecidas-rnped

[7]Esta tabla de creación particular se constituyó con información de 2003 a 2017 de la base de datos de Data Cívica, misma que cuenta con variables ampliadas que no contempla la base del Gobierno Federal  RNPED, Data Cínica carece información sobre registros de desapariciones del 2018, por esta razón fue contemplada la información de RNPED, cabe de mencionar que esta carece de variables importantes como el nombre de la persona extraviada o desaparecida.